Ver las historias
Cada día desde enero de 2014 hasta diciembre de 2018, en promedio, 233 personas llegaron en aviones a El Salvador, Guatemala y Honduras deportadas desde Estados Unidos.
Muchos solo llegaron hasta la frontera. Otros llevaban meses o años, en Estados Unidos. El Triángulo Norte de Centroamérica recibió de regreso en esos cinco años el equivalente de la población de Atlanta en Estados Unidos.
En 2015, el gobierno de Barack Obama solicitó 750 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para financiar el primer año del Plan Alianza para la Prosperidad.
El gobierno de Estados Unidos creía que dando dinero para aumentar la prosperidad, mejorar la seguridad y la gobernanza de estos tres países, evitaría que su población quisiera dejar Centroamérica.
Así se dividieron los 2,020 millones de dólares presupuestados por Estados Unidos entre 2016 y 2018 para el Plan.
Los gobiernos centroamericanos se comprometieron a invertir como mínimo US$5,400 millones de sus presupuestos en los ejes acordados con Estados Unidos: sector productivo, capital humano, seguridad y justicia y transparencia.
Ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador invirtieron más dinero. Solo cambiaron el nombre a programas ya existentes para hacerlos parte del acuerdo.
De los US$8,618 millones presupuestados, sólo se ejecutó el 52%. Los gobiernos no cumplieron con su compromiso.