Los
últimos niños
del encierro

El Estado salvadoreño vende una imagen en la que los niños presos viven en un penal adaptado para la infancia, pero esconde otra realidad: los seis de Quezaltepeque que viven en total reclusión.

Reportaje Completo

desenfocada
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Las cárceles de El Salvador en cifras

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5 de cada 1,000 salvadoreños está en la cárcel.

Es el país con menos población y más presos del Triángulo Norte de Centroamérica.

10 de cada 100 personas presas es una mujer.

Existen 21 cárceles para hombres, solo una de ellas no está sobrepoblada. La sobrepoblación va desde 790% hasta el 100%.

Actualmente 3,852 mujeres están encarceladas.
De cada 10 mujeres 6 no han sido condenadas.

Junto a estas mujeres viven 194 niños entre 0 y 5 años que nacieron mientras sus madres estaban presas.

Niños con medidas

Una cárcel agrupa a casi todos los menores encarcelados, pero seis quedan recluidos en un penal de máxima seguridad.

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A seis niños el sol les pega una hora al día. Pasan 23 horas metidos en dos cuartos de una cárcel de El Salvador, el país más violento del mundo. Reciben una alimentación más o menos variada y atención médica pagada por el gobierno. Y pueden salir por emergencia al hospital. Pero, salvo una hora al día, ni salen de su cuarto, ni reciben llamadas, ni visitas, ni tampoco pueden salir de esta cárcel con su familia. Viven en encierro absoluto. Estos seis niños viven así por ser hijos de pandilleras. Su hora de aire puro está limitada a dos pequeños patios en la cárcel de Quezaltepeque.

Cinco nacieron en el San Rafael, el hospital público más próximo al penal de Quezaltepeque en 2017, -tres son niños y dos son niñas-. Otro niño nació antes, pero no aparece la fecha registrada. Los seis no tienen cunas. Pasan las noches con sus mamás en las literas de un cuarto de unos cien metros cuadrados y los días en un área común, de unos 36 metros cuadrados. Puede parecer mucho para doce personas, pero antes de su encierro, que ya dura casi dos años, ahí vivían 72 personas: es el sector materno infantil de la prisión.

Los niños duermen con sus madres en la parte de abajo de las literas, que están cubiertas al frente con mantas, para tener un mínimo espacio propio. En la parte de arriba de los catres, las mamás ponen los pañales y los productos de higiene de los niños, conseguidos casi siempre gracias a familiares, que ante la prohibición de ver a los niños, solo tienen permitido dejarlos en la garita de la cárcel.

El secretismo gubernamental impera. Ante la imposibilidad de entrar a Quezaltepeque, el espacio materno infantil se reconstruye a través de la narración del subdirector de Centros Penales, Orlando Molina, y de tres fuentes que estuvieron dentro en los últimos dos años y acceden a describirlo bajo condición de anonimato.

El penal de Quezaltepeque en 2012 durante una visita familiar.
El penal de Quezaltepeque en 2012 durante una visita familiar.
Fotografía: José Cabezas

Para entender el encierro permanente en el que viven esos niños hay que retroceder a abril de 2016. En esa fecha, el gobierno de El Salvador impuso unas políticas extremas de aislamiento a las pandillas en siete de sus 22 cárceles. Eran las llamadas medidas extraordinarias de seguridad, un eufemismo para la política más agresiva de mano dura en la historia de El Salvador. Era su manera de debilitar a las pandillas más violentas del país, Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS).

En 2015 y 2016, El Salvador escaló en el podio de los países más violentos del mundo: el primer lugar, con tasas de homicidios que recordaban tiempos de guerra con 103 y 81 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Un cambio significativo respecto a 2012 y 2013, cuando el partido político, aún gobernante, Fmln decidió negociar con las pandillas y los homicidios redujeron a menos de la mitad.

El confinamiento provocó brotes de tuberculosis y muchos casos de desnutrición. Más de 18,000 presos pandilleros viven hoy bajo este régimen. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su primera visita al país en noviembre de 2017, se escandalizó con las medidas que calificó de condiciones “realmente inhumanas”. Incluso pidió al gobierno derogarlas. Tentativamente, esta dura política de aislamiento concluye en abril de 2018.

El hacinamiento de las cárceles de El Salvador

Comparación de la capacidad de la cártel con el porcentaje de hacinamiento de las prisiones de El Salvador

Cárceles con medidas y Cárceles sin medidas

El tamaño de la burbuja indica el número de presos

Fuente: Dirección de Centros Penales de El Salvador

A veinte kilómetros de San Salvador, capital del país, está Quezaltepeque, una cárcel mixta y hacinada, como todas en El Salvador. La cárcel tiene espacio para 480 personas pero ahí malviven 1,932. Hay 184 internas, que son las únicas mujeres con medidas extraordinarias en las cárceles de El Salvador. Todas son integrantes del Barrio 18 Revolucionarios, una escisión de esa pandilla. Entre estas mujeres están las mamás de los seis niños. Todas tienen prohibido salir a audiencias procesales, no pueden hacer ni recibir llamadas y viven metidas en su sector casi todo el día. En El Salvador, los niños pueden convivir con sus mamás hasta los cinco años y salir con sus familiares varios días de visita. Pero las restricciones de las madres de Quezaltepeque se convirtieron en las restricciones de los hijos. Aunque los niños no son presos. Al menos no oficialmente.

En la parte lateral derecha del ingreso general al penal de Quezaltepeque está el sector materno infantil. Entre las oficinas del instituto y el gimnasio, una puerta de malla metálica da acceso al sector y permite el área común de las mamás y los niños. El Estado no paga a cuidadoras para atender a los niños. Entre hamacas, colchonetas, bancos y algunos juguetes, los niños pasan 23 horas al día encerrados.

Seguido del área común está su dormitorio de literas. Y, a continuación, queda la habitación de once mamás que se quedaron sin sus niños cuando el gobierno impuso las medidas extraordinarias. Once niños estaban de visita con sus familiares justo en la fecha en que comenzaron las medidas y no pudieron regresar dentro. Once mamás sin sus hijos, sin previo aviso, que no pueden comunicarse ni con ellos ni con nadie fuera.

La descripción de Quezaltepeque del subdirector de Centros Penales, Orlando Molina, y de las tres fuentes que prefirieron no identificarse, coincide y esta es una reconstrucción a partir de lo que ellos vieron. porque los medios de comunicación tampoco pueden entrar. Algo tiene que estar muy mal si el gobierno prefiere ocultarlo.

La única hora de sol directo para niños y madres es siempre por la mañana. Nunca es la misma hora, por razones de seguridad, pero se divide entre dos espacios: el pequeño patio de la lavandería y otro patio más grande, donde hay un área de juego, que es donde permanecen sus sesenta minutos.

El patio grande queda detrás de una verja, mide cien metros y tiene césped. Justo antes de que el Gobierno decretara el aislamiento en Quezaltepeque, las mamás pintaron las paredes con dibujos de niños jugando y flores.

También tienen acceso el gimnasio de la prisión -una donación de la oenegé salvadoreña Acisam con fondos europeos- para todas las mujeres del penal. Las mamás pueden usar su hora libre en hacer bicicleta o en muscularse con las máquinas. Mientras, los bebés las miran porque son demasiado pequeños para usarlas.

En proporción, el espacio materno infantil es más amplio que el de las demás internas. Pero las condiciones y el tiempo de encierro son igual de restrictivas. El Estado ni estaba ni está preparado para tener niños bajo sus medidas extraordinarias.

El gobierno restringe su movilidad porque prioriza las medidas por encima de los niños de Quezaltepeque. Los seis niños son la falla de un sistema. “En ese contexto [de Quezaltepeque], no se valora mucho la situación de los niños. Hemos buscado las opciones para sacarlos, pero las madres no han querido porque son pandilleras”, dice Molina, de Centros Penales.

En 2014, el Estado montó una guardería en el penal de Izalco para llevar a todos los niños presos. Los de Quezaltepeque son los últimos que quedan fuera de Izalco, donde hoy en día viven 146 niños y niñas, según los últimos datos entregados por Centros Penales. El Gobierno prohíbe las visitas a cárceles con medidas de El Salvador. Y visitar las que no tienen medidas es igualmente complicado. Tras dos solicitudes denegadas, -una con el apoyo de Catholic Relief Services (CRS), la única oenegé que entra a dar capacitaciones a presas-, el subdirector accede personalmente a aprobar una visita al área maternal y a la guardería de la granja penitenciaria de Izalco.

Armando cruza como una bala el camino ajardinado que lo lleva a la guardería desde la cárcel donde vive. Un muro y una malla metálica de tres metros lo separan del lugar. Como Armando es de los primeros niños en salir, por ser de los mayores, tiene que esperar entre la veintena de cuidadoras que esperan con sus carritos de bebé a que salgan todos los niños de adentro de la prisión. Junto a la guardería están las casitas donde viven las mujeres en semi libertad y en fase de confianza, que ejercen de cuidadoras de los niños del penal. acabe el protocolo diario entre las ocho y media y las nueve de la mañana.

Las mamás se quedan en la puertecita verde que separa la cárcel del área de seguridad mientras la custodia sube a una mesa de plástico a cada niño para revisar sus mochilas. Dice que busca objetos ilícitos: celulares, chips de teléfonos o drogas. Al tiempo, la directora de la guardería les registra con delicadeza para ver si han sido golpeados y les baja al piso con un abrazo. Es un registro cariñoso, pero un registro de niños, al fin y al cabo. Estamos en una cárcel.

La guardia revisa las mochilas de los niños para evitar que sus madres reciban o entreguen objetos, como chips de celulares, a otras internas en la granja de Izalco.
La guardia revisa las mochilas de los niños para evitar que sus madres reciban o entreguen objetos, como chips de celulares, a otras internas en la granja de Izalco.

Armando tiene casi cinco años, el pelo rizado clarito, una mirada brava, y es tan extremadamente curioso que le habla al primer desconocido que se le cruza al salir este martes de noviembre. Armando no es su nombre real, pero su mamá lo elige para proteger su identidad porque le gusta el nombre. Armando es un terremoto con piernas que jamás ha estado fuera de prisión y está a menos de tres meses de hacerlo para no volver.

El complejo penitenciario de Izalco está dividido en cuatro cárceles, según la peligrosidad de los presos. En la granja, una de esas cuatro cárceles, hay 310 presas, de las que 70 son pandilleras en activo, la mayoría de la pandilla Mara Salvatrucha.

Las pandilleras en activo en las cárceles de El Salvador

Comparación del número de pandilleras activas con la población total de la cárcel

Mara Salvatrucha, Barrio 18, Barrio 18 Revolucionario y resto de presas

Fuente: Dirección de Centros Penales de El Salvador

Las granjas penitenciarias entraron en funcionamiento en 2012 como un modelo de rehabilitación mediante trabajos agrícolas para los presos. Bajo esta lógica, El Salvador implantó su modelo de gestión penitenciaria llamado Yo cambio: los internos hacen capacitaciones y trabajan en huertos, maquilas o fabricación de objetos para suministrar productos al mismo sistema carcelario a cambio de reducir sus días de pena. Teóricamente, cada día de trabajo son dos días menos de condena.

La guardería del penal se llama Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Es una amplia casa remozada, anteriormente propiedad del Ministerio de Agricultura, como todo el terreno, que fue habilitada con más de 350,000 dólares de la Unión Europea. La idea era albergar a los niños de las mamás que la Dirección de Centros Penales comenzó a sacar en 2012 de la cárcel de Ilopango. Empezó a funcionar en mayo de 2014. Algunos días llega un dentista, que tiene su clínica equipada dentro, y también una psicóloga.

Los niños del penal de Quezaltepeque no son niños Yo cambio. No tienen una guardería habilitada para ellos: sólo tienen una habitación, con algunos juguetes, donde pasan sus horas sin revisión de una cuidadora porque el gobierno no paga para que haya una persona encargada. “No deben de existir esas divisiones y estamos elaborando un plan de intervención para juntar a todas las madres”, dice en su despacho Orlando Molina, subdirector de Centros Penales al reconocer la situación.

Las medidas extraordinarias que mantienen recluidos a los seis niños en Quezaltepeque tienen una particularidad: no impiden las salidas de los niños al hospital de San Rafael para atención médica. Pero mientras ese penal carece de pediatra especializado, la granja de Izalco gasta, en promedio anual, 7,000 dólares para comprar medicamentos y pagar a una pediatra que llega cuatro horas al día. Son casi 50 dólares por cada niño.

Las madres cuidadoras reciben cursos impartidos Catholic Relief Services.
Las madres cuidadoras reciben cursos impartidos Catholic Relief Services.

Los niños, de más de seis meses, llegan a voluntad de las mamás al CDI, de lunes a viernes, de nueve a una. Se dividen en cuatro aulas por edad, donde son atendidos por mamás cuidadoras, que son internas entrenadas para cuidar a los pequeños. Todas ellas siempre vestidas con camisetas amarillas con el logo Yo cambio. Reciben refrigerio porque hay cocina, pero regresan hora y media con sus madres a la hora del almuerzo. Los niños mayores, como Armando el curioso, distinguen perfectamente entre su noción de libertad y de encierro. Al CDI, los niños lo llaman CDI. Y a la cárcel, cárcel.

Todas las cárceles de Rosario

Ilopango, la prisión con más niños, quedó vacía tras el gran traslado a Izalco.

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Señora, si su hijo tuviera que salir por una emergencia, ¿a quién se lo entregaría? Doris Rodríguez, la directora del penal de Ilopango, la cárcel de El Salvador que acogió más bebés hasta 2012, hizo esa pregunta a seis presas madres que tenían buen comportamiento. Mi mamá, respondieron todas. Hágame una nota de egreso para todos sus hijos, le dijo la directora a su secretaria.

Cada persona vive su cárcel. Rosario Cáceres, una mujer de 32 años y escasos gestos, tuvo que levantarse a lavar la ropa de su bebé a los tres días de llegar del hospital. Entró al penal de Ilopango, el único exclusivo para mujeres, con siete meses de embarazo y luego pasó treinta y dos meses con su niña. El Estado le obligó a dejar a la niña con su familia y fue trasladada a la Granja de Izalco, sin su hija, por portarse muy bien.

Rosario fue de las primeras cien mujeres que trasladaron a la granja penitenciaria de Izalco en fase de confianza o semilibertad. Con dos años y ocho meses, Valeria Campos, la hija de Rosario, se fue con su abuela, su hermana mayor y su hermano mediano a la casa en la que viven hoy en el centro de San Salvador. Su papá, entonces, estaba preso.

Mamá, vamos para la casa, le decía Valeria a su madre cada vez que la llevaban de visita al hogar familiar. La niña estaba en casa, pero sentía que su casa era la cárcel de Ilopango.

Rosario Cáceres no tiene pena de contar su historia, de explicar que trató de organizar a ex presas para vender comida típica en prisión, pero que Centros Penales se lo prohibió.

Rosario cayó presa en marzo de 2009 por extorsión en grado de tentativa. Había hecho un par de cobros de 500 dólares para evitar que lo hiciera su aún marido y padre de sus hijos, su pareja de aquel entonces. Le pareció fácil. Cuando la policía la detuvo, ella preguntó de qué se le acusaba. De extorsión, le dijeron. Este delito había sido incorporado en 2006 al Código Penal. En 2015, la extorsión pasó a ser perseguida mediante una Ley especial en El Salvador.

Extorsión y drogas: principales delitos de las mujeres presas en El Salvador

Número de mujeres recluidas en cárceles de El Salvador en 2017, según los principales delitos cometidos

Fuente: Dirección General de Centros Penales de El Salvador

Cuando Rosario entró al área maternal le tocó convivir con otras cuarenta mamás. Una mujer llamada Loida le prestó ropa y algo de papel higiénico. Desde ese día se convirtió en su mejor amiga, porque reaccionó empática: había tenido a su hijo el 7 de mayo. En la cárcel es difícil ingresar productos y más aún, tener dinero para comprarlos. “Si hay algo que recuerdo que me dolía es que tenía que andar viendo quien no quería la leche que les llevaban a los niños para que me la regalaran para mi hija”, dice.

El área materno infantil de Ilopango dejó de funcionar cuando se completaron los traslados a la cárcel de Izalco. Era una zona a la que sólo podían acceder embarazadas o madres. Tenía tres cuartos, un comedor, una sala con televisión y un parquecito que se usaba de tendedero en tiempos de quince minutos. Las presas tenían prohibido disfrutar del parque porque la dirección del centro temía que se pasaran objetos entre los sectores del penal.

Una mujer embarazada dentro de la cárcel de Ilopango en el año 2012, durante la tregua del gobierno con las pandillas.
Una mujer embarazada dentro de la cárcel de Ilopango en el año 2012, durante la tregua del gobierno con las pandillas.
Fotografía: Salvador Melendez

En la época de lluvias, la ropa de los niños no se secaba bien, recuerda Rosario. “Me tocó vivir en el sector más limpio de la cárcel, no porque fuera así, si no porque era obligación: se nos ponía horarios de limpieza, por los niños”, cuenta con una sobria risa, sentada en una terraza de la pudiente colonia San Benito en San Salvador, a donde fue llevada por los periodistas desde el popular comercial Metrocentro para poder hacer la entrevista con más tranquilidad.
Rosario platicaba mucho con su hija, que aprendió a hablar bastante rápido. Le enseñó a que le avisara cuando tenía que ir al baño. “De repente, me pegaban el grito que la niña ya estaba en el baño, ella solita se iba”. Pero mientras su hija Valeria progresaba en su aprendizaje, el hijo de Loida empezó a pegarle. Y pasó de tener una gran amiga a una gran enemiga. Le advirtió a su amiga que controlara a su hijo y la ignoró. Dejaron de hablarse.

En una ocasión, llegó la ex primera dama, Vanda Pignato -ex esposa de Mauricio Funes-, a ver a los niños de Ilopango. Era octubre y llevaba bolsas de aseo personal y mantas para los niños. Llegó acompañada de una persona disfrazada del dinosaurio Barney, el famoso tiranosaurio morado de principios de 2000. Y el show se produjo. Pero entre el público.

Cruzar la puerta verde que queda detrás del CDI de Izalco es entrar al mundo Yo Cambio. En la granja de Izalco están las mamás trabajadoras que el sistema penitenciario cree que quieren cambiar. A las que no quieren, según la dirección de Centros Penales, las dejaron aisladas bajo el régimen de medidas extraordinarias.

El sistema desconfía de las posibilidad de reinserción de las mujeres que dejó en Quezaltepeque, al igual que los otros 18,000 presos – el 50% de la población carcelaria del país – que viven desde hace dos años bajo la restrictiva política contra las pandillas.

La mitad de los reos de El Salvador, en cárceles con medidas extraordinarias

Número de presos recluidos en cárceles de El Salvador, por tipo de régimen

Cárceles con medidas 47% de la población reclusa

Cárceles sin medidas 53% de la población reclusa

Fuente: Dirección de Centros Penales de El Salvador

Para cuando las medidas desaparezcan, tentativamente en abril de 2018, la Dirección General de Centros Penales trabaja un plan integral de seguridad para que el pandillero se convierta en un privado de libertad más. “Pero, para eso tenemos que generar condiciones y ellos tienen que mostrar actitud de querer ser distintos”, dice el subdirector Orlando Molina.

A mitad del huerto, que tiene cebollines, tomates, papaya, pepinos y pimientos, Emma, la encargada del lugar, revisa cómo diecisiete presas limpian los cebollines. Los productos sirven para alimentar a los trabajadores del penal, a las internas y a los niños.

Las madres presas trabajan en dos jornadas, las mismas en las que los niños asisten al CDI.
Las madres presas trabajan en dos jornadas, las mismas en las que los niños asisten al CDI.

Hasta que entró a la granja de Izalco, Emma era vendedora de comida en un mercado y pasó de vender cebollines a sembrarlos por primera vez. Cayó presa en 2013 y estudió hasta noveno grado dentro de la cárcel, en Ilopango, además hizo cursos de panadería y cosmetología. En Izalco, continúa estudiando noveno dos horas por semana en la escuela que queda enfrente del huerto. Con el sistema Yo Cambio esta mujer, que cumple 18 años de condena por un doble delito de extorsión, intenta conmutar su pena. Calcula que le quedan dos años. “Primero Dios, que sí sea verdad el 2 por 1”, dice esperanzada.

El calor asfixia a las diez de la mañana hasta bajar al mínimo la presión y provocar bostezos involuntarios en los recién llegados. Izalco está a hora y media en auto de la capital, y a sólo media hora del puerto de Acajutla. La sensación de mareo es casi permanente. En la escuela al aire libre está hay un bebé sobre un cargador, vestido solo con unos pañales. Unos segundos tarda su mamá en aparecer para llevárselo.

Los pañales para los recién nacidos, y hasta los seis meses, son asunto de la familia. A veces llegan donaciones de pañales al CDI, pero rara vez al sector materno infantil, donde fueron trasladadas un poco más de cien mujeres en mayo de 2015. Los bebés, hasta los seis meses, dependen sólo de la ayuda familiar hasta que empiezan a ir al CDI y reciben el menú diario de comida.

Mientras la mamá recoge al bebé solitario, dos presas llegan a hablar con el director aprovechando que está de paseo por la escuela. Una de ellas es la desesperación personificada. No se le escucha y mirarla es angustiante. El director Méndez habla con ella, pero no da explicaciones. Continúa la visita por el lavadero de ropa, donde algunas madres bañan a sus niños, hasta dar la vuelta al edificio principal, donde están los tres grandes dormitorios, organizados según la edad de los niños, donde las mamás tienen sus camas y los bebés y los niños, sus cunas pagadas por el Estado.

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Las madres usan las mismas pilas para lavar su ropa, los platos sucios y bañar a los niños.
Las madres usan las mismas pilas para lavar su ropa, los platos sucios y bañar a los niños.

La muerte de Jaquellin

Dos bebés residentes en Izalco fallecieron en 2017.

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-¿Estás bien?
-No.

Cuando una persona responde a una desconocida que no está bien, es que está muy mal. Al fondo del dormitorio 1, donde viven los bebés hasta los seis meses, está la mujer que diez minutos antes era el rostro del agobio. De pie, esta mamá flaca y pequeñita apoya su brazo derecho sobre su cama cubierta con un velo antimosquitos. En el techo de la cama tiene una carta que está escribiendo. Se llama Olga y su bebé de tres meses, Jaquellin, murió ayer en el hospital. En su plática con el director, le acababa de pedir un permiso de salida para ir al entierro y él le pidió que le escribiera una carta para ver si, quizá, podía resolver su solicitud.

Los niños pueden salir durante ocho días para visita familiar y quince, para emergencias médicas. Y Jaquellin Nájera salió con una emergencia médica dos semanas antes, pero el doctor, dice Olga, no le vio nada. Dos días atrás, preocupada porque la bebé no mejoraba, la sacó para hacer visita familiar y su abuelo la llevó al hospital. Él fue también quien informó a su nieta de la muerte de la niña por neumonía, que nació en noviembre de 2017. Olga quiere pedir su traslado a otra cárcel, no soporta, dice, estar rodeada de bebés.

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Es el segundo menor de edad, de los que viven en Izalco, que muere en 2017. Dos horas después de salir del dormitorio de Olga, Raquel Alas, directora del CDI, opina desde su despacho que el problema fue la atención de la madre: “La mamá no quiso darle pecho, entonces la niña se empezó a deshidratar”. Los problemas de la niña, dice, pudieron empezar con un empacho. Pero explica detalladamente que algunas presas creen que fue un ojo. Un mal de ojo.

Desde su inauguración, Alas, una maestra afectuosa con los niños, es la directora del CDI. Dice que habló hoy por la mañana con Olga, la mamá que sobrevivió a su hija, que recuerda que tomaba soda y comía chile durante el embarazo. Y agrega que empezó a darle leche de fórmula en lugar de amamantarla y eso pudo provocar complicaciones en Jaquellin, que empezó a tener diarrea y pasó tres días en el hospital hasta que le dieron de alta. Dos días después, regresó de urgencia al hospital y le dieron de alta el domingo, que es cuando se la llevó el abuelo, que no está convencido de la mejoría de la bebé. El lunes falleció. “Ignoramos cuál fue el manejo que le dieron a la bebé en el hospital. No sabemos qué fue lo que pasó con esas fórmulas que su mamá le dio”, dice Alas, la directora del CDI.

Ni ella ni el director de la granja, Óscar Méndez, saben con exactitud qué pasó, tampoco creen que el centro tenga responsabilidad en lo que le ocurrió a la bebé. Ellos, dicen, cumplieron con que el pediatra la revisara y la enviara al hospital, pero la salud de la niña se convirtió en una responsabilidad de la familia que lo llevó al hospital.

Olga sólo quiere ir al entierro de Jaquellin. Mientras escribe la carta, una custodia le dice amablemente que se apure en redactarla, que servirá para que un juez autorice su salida. Mientras la madre escribe, faltan un par de horas para el funeral de la hija.

Los niños penados

Los menores perciben la prisión como una proyección de sus mamás.

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-¿Donde vas cuando cumplas seis años?
-A la libre.
-¿Qué significa?
-(Risas flojas).
-¿Con quién te irás?
-Con mi tío, me dijo mi mamá.

En el mundo penitenciario, ir a la libre significa salir en libertad. Armando, el niño curioso, el terremoto de cinco años que salió como una bala para ir al CDI a las ocho y media de la mañana, llega al dormitorio 3 para almorzar con su mamá. Armando sabe y dice que se va a la libre en unos días porque ya cumplió los cinco. A las doce del mediodía, él, como el resto de niños, tiene su propio almuerzo. Sólo se parece al de su madre porque viene también en un recipiente plástico.

Sentado en el piso con su amigo Billy, -también de cinco años e igual de avispado-, juguetea con la primera grabadora que ha visto en su vida, a la que habla tan de cerca que satura su voz, una voz que nunca antes había escuchado. A la grabadora la llama micrófono. Y a su micrófono le dice que saldrá en breve de prisión para irse a vivir con su tío.
Armando nunca ha salido de la granja de Izalco. Como su mamá está encarcelada, el niño terremoto se refiere a sí mismo como un niño penado. Es consciente de su realidad hasta hacerla totalmente propia. Alterado y divertido por las preguntas, explica con ayuda de Billy que cumple una pena. La pena de las mujeres presas es, en parte, la pena asimilada de sus hijos.

En Quezaltepeque, por voluntad de sus mamás pandilleras de la pandilla 18 Revolucionarios, diez niños salieron de la cárcel en estos dos años para irse a vivir con familiares. A diferencia de Armando, que corretea libre por su guardería y que sabe con quién va a vivir en cuanto salga, los diez de Quezaltepeque fueron sacados porque las condiciones de aislamiento eran totales. Era la libertad o el encierro absoluto.

Once niños de esa prisión no ven a sus madres desde hace dos años porque estaban de visita con familiares cuando iniciaron las medidas extraordinarias. Los registros entregados por la Dirección de Centros Penales a través de una solicitud de acceso a la información muestran a esos once niños salieron de la cárcel y no vuelven a aparecer en sus estadísticas.

El gobierno no sabe qué pasó con estos niños y tampoco con los que salen de prisión al cumplir los cinco años. En el caso de los once niños que quedaron fuera de Quezaltepeque por las medidas extraordinarias el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conna) pidió a Centros Penales las actas de salida a visita de los menores para buscarlos.

Cuando un niño sale de prisión, los familiares que lo acogen pueden reportarse ante una junta de protección – dependencias del Conna en cada departamento – para que el Estado de seguimiento al menor. Las juntas deberían dictar una medida de protección para asegurarse de que el niño esté bien. Al final es un proceso de condicionales. La subdirectora del Conna, Griselda González, dice que solo cinco de las 16 juntas de protección han reportado casos. “Muy pocos casos”, matiza.

Captura de pantalla 2017-12-03 a la(s) 23.35.02
Captura de pantalla 2017-12-03 a la(s) 23.35.02

El revoltoso Armando habla y piensa rápido. Cae en la cuenta de que tiene que volver a salir corriendo para acompañar a su mamá, evangélica, mientras ella canta alabanzas a pulmón desatado con una docena de mujeres. Él sabe dónde está porque su mamá se lo explicó.

A la vuelta del dormitorio 3, pasando por un pasillo que deja a un lado la maquila que surte de colchonetas al sistema penitenciario, está la madre de Armando. Canta en segunda fila, detrás del grupo principal, en el patio techado que antecede a una estructura abierta que todos llaman Caipi (Círculo de Atención Integral a la Primera Infancia). Este círculo no es un círculo; es un cuadrado que funciona como el área de juegos del área materno infantil, que fue financiado por la oenegé Plan International, y está lleno de juguetes.

Cada tarde las madres hacen un servicio religioso en el que cantan y tocan panderetas.
Cada tarde las madres hacen un servicio religioso en el que cantan y tocan panderetas.

La mamá de Armando, que elige llamarse Elisa, accede reticente a platicar dentro del Caipi mientras el terremoto vigila desde fuera. Esta mujer gordita, de tez rosada, con las uñas de los pies pintadas de rosa, es la antítesis de la personalidad de su hijo: callada, tan reservada que duda si hablar, comedida en un relato en el que su mayor miedo es que al niño le vaya bien fuera. Nunca le ha sacado porque no tiene con quién. Tiene una hija de quince años, sus padres ya murieron, su hermana trabaja y su hermano,-que recogerá a Armando de prisión-, acaba de accidentarse en el pie y no termina de curarle la herida. Serán el papá del niño y su cuñado quienes se encarguen del niño a partir de enero. “Espero que disfrute de mejores alimentos, de un ambiente sano, que se pueda comunicar con más personas y que sienta él que es libre”, dice con la voz quebrada que antecede al llanto.

Las presas del Yo Cambio trabajan, pero no cobran un sueldo. Elisa hace trabajitos para otras mujeres y así pagar la leche, los zapatos o los pañales. Por Armando, Elisa lava ajeno, jala agua, lava trastes de otras personas por un máximo de veinte dólares cada quince días.

-Salú, mamá.
-Salú.

Armando interrumpe a su mamá un segundo porque es hora de regresar al CDI. Armando, de cinco años, vigila y protege a una mujer originaria de San Miguel, al oriente del país, que tiene una condena de quince años por retirar 500 dólares del banco y enviarlos a Guatemala para otra persona. O lo que es lo mismo: por extorsión. “Me imagino que agravada, no lo sé”. Con 37 años, lleva los últimos siete años presa.

En septiembre de 2017, un equipo del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna) visitó Quezaltepeque y la granja penitenciaria de Izalco. Esta institución funciona hace seis años, pero la situación de los niños en penales no fue revisada hasta entonces. Griselda González, subdirectora de Registro del Conna, recomendó que el director del Quezaltepeque ampliara las salidas de los niños más allá de una hora. González, que siente “mucha disposición” de las autoridades penitenciarias para mejorar la situación de los seis niños de Quezaltepeque, regresó el martes 28 de noviembre al penal. El director le dijo que estaban evaluando que salieran otra hora en la tarde.

Estos niños tienen muchas carencias: no saben qué es una playa. O un bosque”, dice, mostrando un libro con fotos de paisajes, Betty Cea, una mamá cuidadora de la granja de Izalco, que llegó de Ilopango a Izalco este año para cumplir su semilibertad por una condena de tráfico de cocaína. A diferencia de Quezaltepeque, donde no hay una sola Betty que atienda a los seis niños que viven en aislamiento, la sonriente Betty dice que a sus alumnos les enseña qué hay fuera mediante fotos, pero uno de los niños no sabía qué era un lobo. Jonhy, el niño que no sabía qué era un lobo, se acerca a la maestra y aulla con fuerza.

Armando tiene cinco años pero cuando se enoja se chupa el dedo.
Armando tiene cinco años pero cuando se enoja se chupa el dedo.

Jonhy, Billy, Armando y los otros tres menores suben corriendo al pequeño patio ajardinado que queda arriba del CDI. Armando se molesta con Billy y ya no quiere jugar. Se aísla y no habla a nadie. Durante quince minutos, pega su cara a la valla con razor del patio que mira a la valla con razor de la entrada de la granja penitenciaria de Izalco. Y se va sin despedirse. La rabia de un niño de cinco años es una mirada a su incierto futuro.

El indulto fraternal

El rechazo social y familiar complica el proceso de las presas madres.

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Estaba molesta, pero muy molesta, con su hermana. Alicia Anaya estaba tan enojada que pasó los primeros tres años que Marta vivió en la prisión de Ilopango sin visitarla. Aunque Marta estaba embarazada. Estaba molesta porque, de repente, gente que no la hablaba normalmente, le escribía para verificar que su hermana había caído quince años presa por cometer extorsión. Lo hacían por puro chisme. Se compró un carro y la gente dijo que era por el dinero de las extorsiones de Marta. Vivía estresada de que en su trabajo se enteraran y la despidieran por culpa de su hermana. Se agobiaba al ver cómo a su sobrina Nicole, con cinco años, la acosaban en la escuela. De cómo los niños de la colonia no jugaban con la niña por ser hija de una presa. La culpa, la culpa, la gran culpa de todo era de Marta.

Un mar de lágrimas tiene efecto contagio. Un sábado en la casa familiar, Nicole, la hija de Marta, una preadolescente tan creyente en Dios como toda su familia, llora sin parar. Al escuchar la furia de su tía Alicia, que perdonó a su hermana hace cuatro años, recuerda que pasó siete años sin ver a su madre. Ahora sólo desea que llegue para su fiesta de quince años. Fue Alicia quien fue a buscar a Marta a la cárcel de Ilopango un sábado de diciembre de 2016, a las cuatro de la mañana, con su papá, cuando su hermana empezó a salir en fase de confianza un día por semana. El perdón es un deporte difícil.

La familia Anaya es un matriarcado. De pie, apoyadas en el marco de la cocina, están Alicia, su madre, y Nicole y Maybelin, las dos hijas mayores de Marta. Sentada en el sofá que ocupa la mitad de la estrechísima sala familiar, Marta las observa mientras acaricia a Melissa, una tímida niña que, en 2015, con cinco años, salió de su casa con rejas, la cárcel de Ilopango, para vivir con su familia fuera.

Marta, una mujer de 31 años que hoy lleva una camiseta de Snoopy, no aclara cómo se metió a extorsionar. Tira del clásico “malas amistades”, pero cambió mucho de cómo era fuera a cómo fue dentro. Fuera, nunca quiso estudiar. Dentro, acabó el bachillerato e hizo un diplomado técnico en computación que fue definitivo para que el juez le permitiese salir un día por semana. Ahora, estudia emprendimiento en la universidad un día por semana.

El próximo paso: libertad condicional o semilibertad en la granja de Izalco.

-La sociedad es como estúpida, te hace sentir como basura, dice Alicia.
-La suciedad le digo yo, dice riéndose su mamá, que también se llama Marta.

El grito del frutero que llega a vender bananos interrumpe la intensidad. En esta pequeña vivienda en alquiler de una colonia cerrada de clase media baja en el centro de San Salvador, una persona no abre la boca. Melissa, Meli, se frota con insistencia los ojos cuando los demás lloran. Sonríe cuando las demás se ríen o si le hace gracia algo. Ella se comunica acariciando a su mamá o jugando con un llavero de un cubo rubik. Hablarle a esta niña de ocho años, de dientes torcidos y sonrisa tímida, es un ejercicio sin respuesta verbal.

La tía Alicia es la más parlanchina de una familia que parece unida. Desde que su sobrina llegó a la casa, percibió en ella una gran falta de autoestima, casi no hablaba. Por eso, le compraba lo mismo que a su hija, que tiene la misma edad. Pero Michelle, muy apegada aún hoy a su mamá, quería regresar a prisión con ella, no se adaptaba y sus pláticas con los vecinos, en cumpleaños de niños, o en el colegio, eran como las de una curtida ex presidiaria, pero con cinco años.

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*En este reportaje no se muestran los rostros ni los nombres reales de los menores de edad para proteger la identidad, en base a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de El Salvador.

  • Un proyecto de

    Logo el intercambio
  • Financiado por

    Logo Ford Foundation Logo Seattle Internation foundation
  • En alianza con

    Logo Revista Factum

Han participado en este proyecto:

  • Elsa Cabria

    Coordinadora y reportera

  • Ximena Villagrán

    Coordinadora, periodista de datos y reportera

  • Oliver de Ros

    Fotoperiodista

  • Bryan Avelar

    Reportero (Revista Factum)

  • César Castro Fagoaga

    Edición (Revista Factum)

  • Franc Castillejos

    Composición y voz de la canción para el proyecto “Niños Presos”

Este trabajo también se ha publicado en: