Tres países de Centroamérica comparten sus fronteras en el Golfo de Fonseca. En el territorio que pertenece a Honduras, la industria camaronícola goza de una ley hecha a su medida y de condonaciones fiscales. Una sola empresa, Granjas Marinas del Sur, acapara casi el 60% de las concesiones. Sin importar el conflicto de interés, gerentes y socios de esta compañía han ocupado altos cargos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mientras el país es uno de los principales exportadores de camarón, los pescadores locales ya no pueden vivir de la pesca, los humedales se deterioran y a las viviendas se las traga el mar.

Entre 2016 y 2021, el Juzgado Ambiental de San Salvador recibió, por lo menos, 23 denuncias por contaminación de cuerpos de agua. Los expedientes de estos casos permiten identificar que en cuatro departamentos del país centroamericano, las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por empresas, gobierno y fundaciones dejaron de ser una solución para convertirse en un problema para comunidades enteras, ríos, esteros y humedales.

En Guatemala, desechar residuos a un lago puede resolverse a cambio de 13 mil dólares; contaminar el suelo con metales tóxicos puede saldarse con 40 mil. Esto es posible gracias a un mecanismo legal que usa la fiscalía para resolver buena parte de los casos de contaminación industrial. Lo que podría parecer un sistema efectivo de justicia, en realidad abre la puerta a que importantes empresas eviten ser juzgadas por cometer delitos ambientales. Al final, no se logra detener ni resarcir el daño a la naturaleza.

Los dos hermanos de Sabrina Véliz, asesora del diputado Jorge García, de Prosperidad Ciudadana, también prestan servicios al Insivumeh y al INDE.

Winners, propiedad de la macroempresa surcoreana SA-E, fue autorizada por el Gobierno para funcionar como servicio esencial de fabricación de ropa al inicio de la epidemia. La compañía, que trabaja para Gap, Banana Republic, Old Navy y Walmart, resultó ser el escenario de una paliza y del despido de tres mujeres sindicalistas. Las 331 empresas que componen la industria maquilera no dejaron de trabajar, aunque solo 66 recibieron el permiso estatal para hacerlo.

Ex trabajadoras y empleados de la maquila New Holland Apparel, en Nicaragua, aseguran que hubo casos de Covid-19 en la fábrica. La empresa clasificó los contagios como casos de neumonía atípica y envió a las enfermas a sus casas a cuenta de vacaciones. La empresa anunció el despido de más de 800 trabajadores por supuestas dificultades económicas y financieras ante la crisis sanitaria. Pero no todas aceptaron.